Morala ha perdido tres años para la construcción del Centro de Salud Ponferrada I

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha criticado esta mañana las declaraciones realizadas por el alcalde, Marco Morala, sobre la imposibilidad de inscribir en el Registro de la Propiedad las parcelas de la calle Obispo Osmundo destinadas al futuro Centro de Salud Ponferrada I, y ha acusado al equipo de gobierno de haber perdido tres años sin avanzar en una infraestructura sanitaria fundamental para la ciudad.

El portavoz socialista, Olegario Ramón, comenzó planteando una cuestión que considera clave: si el equipo de gobierno ha cambiado de opinión por tercera vez sobre la ubicación del futuro centro de salud. Ramón recordó que nada más llegar al gobierno, Morala rechazó la ubicación prevista en Obispo Osmundo y planteó trasladarla a la zona del Cementerio del Carmen. Posteriormente defendió que el centro se construiría en el futuro desarrollo urbanístico del entorno y ahora, a la vista de los trámites iniciados para inscribir las parcelas y cederlas a la Junta de Castilla y León, parece haber vuelto a modificar su postura.

“Si han intentado inscribir las parcelas para cederlas a la Junta, entendemos que por fin han decidido que el Centro de Salud Ponferrada I se haga donde siempre estuvo previsto. La pregunta es qué han estado haciendo durante estos tres años y qué han hecho para avanzar en este asunto”, señaló Ramón.

El portavoz socialista lamentó que el equipo de gobierno haya comenzado los trámites registrales ahora, después de tres años de paralización. “Si existe algún problema técnico, es susceptible de solucionarse, pero para ello hay que ponerse a trabajar. Lo que no se entiende es qué han hecho durante todo este tiempo”, afirmó.

Respecto a las declaraciones del alcalde calificando el procedimiento seguido durante el anterior mandato como una “chapuza jurídica”, Ramón mostró su sorpresa y defendió la actuación de los técnicos municipales. Según explicó, el procedimiento utilizado para la expropiación de las parcelas es el mismo que se ha empleado en otras actuaciones urbanísticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Ponferrada.

“Cuando el alcalde habla de chapuza jurídica está cuestionando el trabajo de los técnicos municipales, porque son ellos quienes determinan los procedimientos que debe seguir la administración”, manifestó.

Con el objetivo de analizar la situación, el Grupo Socialista ha encargado un informe jurídico independiente a un especialista en derecho urbanístico y registral. Según explicó Ramón, las conclusiones del estudio sostienen que los títulos presentados reúnen todos los requisitos sustantivos y formales necesarios para acceder al Registro de la Propiedad.

El informe señala que existe causa expropiatoria urbanística derivada del planeamiento, que el expediente fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en octubre de 2019, que se cumplió el trámite de información pública, que los convenios fueron firmados por la administración y los propietarios afectados, que las fincas están perfectamente identificadas y que el justiprecio quedó correctamente determinado y aceptado por las partes.

Asimismo, el estudio jurídico destaca que la ocupación fue consentida y documentada, que el pago aplazado fue aceptado por los expropiados y que toda la documentación fue intervenida por la Secretaría General del Ayuntamiento como fedataria pública.

Ramón recordó además que el acuerdo alcanzado con los propietarios durante el anterior mandato resultó especialmente beneficioso para las arcas municipales. Según explicó, la alternativa era una expropiación forzosa derivada del incumplimiento del planeamiento urbanístico, una vía que previsiblemente habría supuesto un coste superior para el Ayuntamiento y la obligación de afrontar el pago de forma inmediata.

“Los propietarios aceptaron la valoración realizada por los técnicos municipales y también que el pago se efectuara en ocho anualidades. Fue un acuerdo beneficioso para el Ayuntamiento y posible gracias a la voluntad de entendimiento de todas las partes”, señaló.

El portavoz socialista insistió en que, si efectivamente existe una calificación registral negativa, el Ayuntamiento debe utilizar los mecanismos legales previstos para su revisión y defensa. En este sentido, pidió al equipo de gobierno que presente el correspondiente recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

“Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es defender sus intereses, recurrir la decisión si considera que es incorrecta y trabajar para solucionar los problemas. Gobernar consiste precisamente en resolver problemas, no en buscar constantemente culpables en quienes gobernaron anteriormente”, afirmó.

Por último, Ramón criticó la actitud del alcalde por seguir centrando su acción política en cuestionar permanentemente la gestión de mandatos anteriores. “Después de más de tres años en el gobierno ya no sirven las excusas. Lo que esperan los ciudadanos es que se solucionen los problemas y que se avance en proyectos tan importantes como el nuevo Centro de Salud Ponferrada I”, concluyó.