Olegario Ramón: «Si el proyecto de la central de calor lo hubiera hecho el PSOE desde el principio, no estaría donde está»

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, compareció en rueda de prensa para ofrecer explicaciones sobre la actuación de su equipo de gobierno durante el anterior mandato en relación con la central de calor, tras la reciente sentencia judicial que anula varias autorizaciones vinculadas a este proyecto.

Ramón comenzó reconociendo la contundencia de la sentencia y la necesidad de dar explicaciones, ya que los acuerdos anulados fueron adoptados bajo su responsabilidad como alcalde. Subrayó que, cuando el PSOE llegó al gobierno municipal, la central de calor ya estaba construida y las redes llegaban hasta el polígono de las Huertas del Sacramento, por lo que el Ayuntamiento se encontró con una realidad consolidada a la que había que dar respuesta.

La empresa pública Somacyl solicitó entonces la legalización de la central. Los informes técnicos eran favorables, y la negativa del Ayuntamiento a tramitar la licencia habría supuesto  una responsabilidad patrimonial que la propia empresa cifraba en más de 4 millones de euros, un riesgo que no se podía asumir a la ligera.

El anterior equipo de gobierno optó, siguiendo criterios técnicos unánimes, por tramitar un Plan Especial de Infraestructuras para dar cobertura legal al proyecto, dado que el suelo donde se ubicaba la central era urbanizable, pero carecía de desarrollo urbanístico (ni programa de actuación ni proyecto de urbanización). El plan fue sometido dos veces a información pública, recibió informe ambiental favorable de la Junta de Castilla y León y fue aprobado en el Pleno del 28 de octubre de 2022 con el voto favorable del Partido Popular.

Posteriormente, se aprobó un plan de despliegue que organizaba el desarrollo de las redes en seis zonas: la zona 0 (central) y las zonas 1 a 5. En diciembre de 2022, la Junta de Gobierno aprobó las zonas 0, 1 y 2. Las zonas 3, 4 y 5 quedaron pendientes.

Ramón lamentó que desde el actual equipo de gobierno, y en concreto desde el concejal de Urbanismo, se intente trasladar toda la responsabilidad al PSOE. “Nosotros no nos escondemos, pero no se puede olvidar que el Partido Popular fue quien otorgó la primera ocupación y el inicio de actividad. También participaron en la aprobación del plan especial”.

En cuanto a la sentencia, Ramón apuntó que reconoce la validez formal de haber publicado una memoria y no el proyecto completo, aunque considera que hubiera sido preferible dar más información. Asimismo, defendió que el procedimiento permitió alegaciones y que se actuó siempre en base a informes técnicos favorables y buscando garantías legales adicionales.

“El objetivo fue legalizar una situación heredada, evitar una enorme responsabilidad económica para el Ayuntamiento y dotar de cobertura jurídica a una infraestructura ya existente. Si este proyecto lo hubiéramos iniciado nosotros desde cero, seguramente no estaría donde está”, afirmó.

Por último, instó al actual equipo de gobierno a definir su postura con claridad: “Si creen que todo fue un desastre, que no recurran la sentencia. Pero si creen, como se reflejó en su día con sus votos y decisiones, que hubo argumentos jurídicos sólidos, entonces que recurran con coherencia”.