El Procurador del Común da la razón al Grupo Socialista y recuerda al alcalde su obligación legal de ejecutar el acuerdo plenario sobre la tasa del mercadillo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada informa de que el Procurador del Común de Castilla y León ha estimado la queja presentada por el grupo socialista ante el incumplimiento del acuerdo plenario que ordenaba iniciar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del mercadillo municipal.

Los socialistas recuerdan que el Pleno se celebró el 19 de junio de 2025 a petición del grupo socialista y se pedía  sustituir la unidad de medida de “metro cuadrado (m²)” por “metro lineal (ml)” en el cálculo de la tasa correspondiente a los puestos eventuales del mercadillo, con el fin de adecuar la ordenanza a la práctica municipal que se viene aplicando desde el año 2002 y garantizar el principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, tal y como reconoce ahora el propio Procurador, han transcurrido más de ocho meses sin que se haya impulsado actuación alguna para dar cumplimiento efectivo al acuerdo adoptado por el Pleno. A pesar de que se le ha preguntado y rogado en numerosas ocasiones en las comisiones del área o en el Pleno.

El grupo socialista informa que la resolución es especialmente clara al recordar que la obligación del alcalde es la de ejecutar los acuerdos plenarios que no es opcional ni discrecional, sino un mandato legal expreso recogido en el artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.

El Procurador subraya que el alcalde carece de margen para valorar la oportunidad o conveniencia de un acuerdo válidamente adoptado por el Pleno y que la inactividad prolongada vulnera los principios de eficacia, legalidad y seguridad jurídica.

Asimismo, la resolución advierte de que la actual situación mantiene una anomalía jurídica: la ordenanza vigente establece el metro cuadrado como unidad de medida, mientras que el Ayuntamiento viene liquidando la tasa en metros lineales desde hace más de veinte años, generando incertidumbre para los vendedores ambulantes, dando la razón a lo que el grupo socialista lleva defendiendo desde hace más de un año.

En su resolución, el Procurador formula una recomendación clara y directa: que el alcalde proceda “a la mayor brevedad posible” a iniciar de forma efectiva la tramitación del expediente, encargando los informes técnicos y jurídicos necesarios y elevando la propuesta al Pleno en el primer periodo de sesiones posible. Ahora el equipo de gobierno dispone de un plazo de dos meses para comunicar si acepta o no la recomendación.

Desde el Grupo Municipal Socialista se considera que esta resolución supone un respaldo inequívoco a la posición que defendían y evidencia un incumplimiento grave de las obligaciones legales por parte de la Alcaldía.

“Estamos ante un acuerdo plenario claro, con un mandato concreto, que no se ha ejecutado durante más de ocho meses. No se trata de una cuestión política, sino de respeto a la legalidad y al funcionamiento democrático de la institución”, pero aún más se trata de dar seguridad jurídica esta inacción afecta directamente a decenas de comerciantes del mercadillo tradicional que cada semana instalan sus puestos en el mercadillo municipal y que tienen derecho a saber con claridad qué tasa se les aplica y en base a qué norma. Estamos hablando de personas que dependen de esta actividad para su sustento”.

Desde el Grupo Socialista advierten de que, en caso de que la recomendación del Procurador no sea atendida, se planteará la adopción de otro tipo de medidas, incluidas acciones judiciales, valorando además cuál es el orden jurisdiccional competente para exigir el cumplimiento de los acuerdos plenarios y depurar las responsabilidades que correspondan.

“Las decisiones del Pleno no pueden convertirse en papel mojado por la inacción del alcalde. El respeto a la ley y a la voluntad democrática de la Corporación es irrenunciable y la falta de adaptación formal de la ordenanza no solo mantiene una anomalía legal, sino que deja a los comerciantes en una posición de incertidumbre frente a posibles revisiones, reclamaciones o discrepancias futuras, algo que una administración responsable debería haber corregido con diligencia y transparencia.”