El Gobierno da luz verde a la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler con “precios asequibles”
Luis Planas sobre Doñana: “Este Gobierno va a hacer todo lo que sea necesario para que esta iniciativa irracional no se lleve a su fin”
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha informado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a “alquiler social” o “asequible”, dando respuesta a una de las “principales preocupaciones para los españoles y especialmente, para los jóvenes”.
Una medida que da continuidad a las políticas que el Ejecutivo lleva desarrollando a lo largo de la legislatura y que resulta fundamental para “reconstruir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de la Sareb” puesto que, como ha reiterado Calviño, “el parque público es fundamental para poder responder adecuadamente a este reto”.
Como ha informado la vicepresidenta, el Ejecutivo ofrecerá a municipios y Comunidades Autónomas 21.000 viviendas de la Sareb – 9.000 ya disponibles y 12.000 que requieren de rehabilitación -, e impulsará el alquiler social de 14.000 ya habitadas de ese parque. Además, promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas y proyectos adicionales en suelos disponibles.
De esta forma, y tal y como lo ha manifestado la vicepresidenta, el Gobierno quiere que el bajo porcentaje de vivienda pública con el que cuenta España respecto a sus socios europeos -un 3% frente al 9% de la media de la Unión Europea- aumente hasta el 20% en 20 años, al nivel de los países más desarrollados del continente.
En definitiva, la estrategia que desde el Gobierno se ha seguido con Sareb desde la incorporación de esta en 2022 al perímetro público, según Calviño, responde a un triple objetivo: “impulsar el parque público de vivienda, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración y cohesión en todo el territorio nacional” y, todo ello, “con el mejor uso posible de los activos públicos para hacer una gestión responsable y velar por el dinero de los contribuyentes”.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado el Informe sobre la Política de Regadío Sostenible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Planas ha destacado el grave momento de sequía actual, y ha recordado que mañana tendrá lugar la reunión de la Mesa de la Sequía donde se evaluará el diagnóstico de la situación actual y las posibles medidas que puedan adoptarse. “Estamos en un momento muy difícil, el descenso de las lluvias desde el pasado 1 de octubre, es de un 18,8% respecto de la serie de años anteriores”. Una situación reconocía, agravada en la parte sur de la península donde “es especialmente severa”. El ministro ha informado de la aprobación este fin de semana de un total de 281.000 millones de euros, que han llegado a 234.000 agricultores, y que han constituido “un apoyo eficaz”.
Una situación más significativa, señalaba, en el marco del regadío “tenemos 3,8 millones de hectáreas de regadío en nuestro país, algo clave para el futuro”. Por parte del Gobierno existen respuestas a corto plazo, “el debate no es regadío sí o regadío no, sino regadío sostenible”, lo que, en palabras del ministro, debe incluir la modernización del regadío, así como la utilización de otras fuentes como aguas recicladas o desaladoras.
Las inversiones que el Gobierno tiene previstas para 2022-2207 en materia de modernización del regadío son de 6.455 millones de euros, una cifra que duplica la media de los primeros 20 años de este siglo “una apuesta más de este Gobierno por el regadío sostenible”. “Nuestro objetivo es reducir en un 10% el consumo el agua”, reconocía
Doñana
Asimismo, Luis Planas, sobre la situación de Doñana, ha remarcado que se trata de una iniciativa “claramente ilegal”, que va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condenaba a España en 2021 por el incumplimiento de la directiva del marco del agua. Además, a su juicio es ilegal porque pretende llevar una competencia en materia de gestión del agua que no corresponde a las Comunidades Autónomas sino al Gobierno de España. “Me preocupa muy seriamente el daño reputacional que supone esta iniciativa respecto a la exportación de frutos rojos, y en general de las frutas y hortalizas de España a los mercados exteriores”. El ministro ha lamentado cómo se puede ver afectado el trabajo de la inmensa mayoría de nuestros agricultores por una iniciativa tan irresponsable “los autores de la iniciativa deberían dar un paso atrás”.
El ministro ha concluido sentenciando que “Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura y debemos defenderlo porque es nuestro patrimonio. Este Gobierno va a hacer todo lo que sea necesario para que esta iniciativa irracional no se lleve a su fin”.
Asimismo, la ministra portavoz, un martes más, ha dado cuenta de los principales asuntos abordados hoy en el Consejo de ministros, como la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de autorizar a la Agencia Española de Cooperación Internacional para convocar las subvenciones que recibirán las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de proyectos de cooperación en 2023. La cuantía asciende a los 45 millones de euros, catorce millones más que en la convocatoria anterior.
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores también ha recordado que se ha llevado la remisión a las Cortes del Convenio de Seguridad y Salud en la Construcción “con su aceptación se van a disponer de más medidas de protección en la seguridad en el trabajo, de esta manera, España sigue liderando el país con mayores números de convenios en la protección de trabajadores y trabajadoras”.
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