La alcaldesa de Castelló suma casi 5 meses sin explicar el coste y los contratos del buzoneo con los que manipuló a la ciudadanía sobre el ‘Basurazo de Carrasco’

• El Grupo Municipal Socialista ha preguntado por registro hasta en cuatro ocasiones para acceder a la documentación, con informes jurídicos y de fiscalización, sobre las cartas enviadas, medios utilizados y si se ajusta a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, suma ya casi cinco meses “guardando silencio” sobre cuánto ha costado a las arcas públicas el buzoneo con el que “manipuló a la ciudadanía” sobre la nueva tasa de residuos de la ciudad. Fue el pasado noviembre cuando el Grupo Municipal Socialista registró de manera oficial la primera de las peticiones, en las que se recogían preguntas, dirigidas a la alcaldesa, para que aportase toda la documentación sobre la carta remitida a los buzones de las y los castellonenses.

Ante la falta de respuestas oficiales, desde el PSPV se han registrado las mismas preguntas sobre el ‘Basurazo de Carrasco’ en tres ocasiones más, “pero el desprecio del gobierno municipal a la oposición y, en definitiva, a la ciudadanía que busca respuestas, es una constante”, señala Patricia Puerta, portavoz socialista.

En concreto, se ha solicitado el número de misivas remitidas a los vecinos y vecinas de Castelló, aportando también los medios que se utilizaron para tal fin. Además, se reclamaron los datos sobre la empresa que llevó a cabo la campaña, así como su coste, aportando, si es el caso, el contrato suscrito con cualquier empresa para llevar a cabo esta acción.

Junto a ello, el Partido Socialista exige cualquier otra documentación que obre en este procedimiento, como pueden ser informes jurídicos, providencia de inicio de expediente, retenciones de crédito o informe de fiscalización, a lo que hay que sumar la partida presupuestaria a la que se imputó este gasto. Finalmente, se ha reclamado un informe sobre el ajuste de esta campaña a lo establecido en la Ley 29/2005 de 9 de diciembre de Publicidad y Comunicación Audiovisual.

El contenido de la citada carta “estaba lleno de mentiras, entre otras la de acusar de todo, como siempre, al Gobierno de España, cuando la única culpable del Basurazo y de que las y los castellonenses tuviésemos que pagar hasta 200 euros por la tasa de residuos en 2025, sin bonificación alguna, fue la señora Carrasco”.

Como recalca Patricia Puerta, la “opacidad de la alcaldesa a la hora de rendir cuentas vuelve a constatar que para ella informar a las y los castellonenses sobre el destino del dinero público no es relevante, porque queda claro que se cree que el dinero de la ciudadanía es suyo”.

Ordenanzas anuladas

El PSPV-PSOE de Castelló, de forma paralela, inició el pasado mes de febrero acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos impulsada por el gobierno municipal de Begoña Carrasco. Este paso se ha dado “ante la imposibilidad de corregir, mediante el debate político y la transparencia, una medida que consideramos abusiva, injusta y legalmente cuestionable”, recuerda Puerta.

El PSPV ya presentó en 2024 y 2025 alegaciones y propuestas para hacer la tasa más justa y progresiva, con bonificaciones y mecanismos que premiaran a quien recicla más, pero fueron rechazadas por el equipo de gobierno. “Primero intentamos el diálogo y la negociación, pero cuando Carrasco decide imponer su rodillo y rechaza todas las propuestas, no nos deja otra alternativa”, ha explicado Puerta, quien vuelve a insistir en que “aún tienen la oportunidad de enmendar su error, porque seguimos abriendo la puerta del diálogo para, entre todos y todas, cumplir lo que dice la Ley y acabar con la arbitrariedad de una ordenanza fiscal que es injusta con las familias de Castelló”.

Patricia Puerta ha subrayado además que recordado que ya empieza a haber sentencias que están tumbando ordenanzas similares en otros municipios de España. La última, en Madrid, donde el Tribunal Superior de Justicia madrileño ha anulado la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid por ‘defectos sustanciales’ en su tramitación.