El PSPV reclama un mayor control en la adjudicación de viviendas de protección pública en Castelló y limitar los precios de alquiler como ‘zona tensionada’

• El Grupo Municipal Socialista plantea una propuesta de declaración institucional para instar a la Generalitat Valenciana a restablecer el decreto del año 2021 sobre registro de demandantes y adjudicación para las viviendas públicas de iniciativa privada

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha registrado una propuesta para que todos los partidos políticos se unan en el próximo pleno en defensa de la vivienda pública al servicio de la ciudadanía, accesible, asequible y orientadas a cumplir una función social real. Todo ello en un contexto de emergencia habitacional como el actual, marcado por el aumento de los precios del alquiler, la dificultad de emancipación de la juventud y la precarización de muchas familias.

La declaración institucional, que tiene que ser votada previamente en la Junta de Portavoces del lunes 23 de marzo, pide por un lado derogar el decreto del Consell de diciembre de 2024 sobre Viviendas de Protección Oficial (VPO) y, de forma paralela, restablecer la aplicación del decreto de 2021 sobre registro de demandantes y adjudicación de vivienda para las viviendas públicas de iniciativa privada.

Junto a ello, el Partido Socialista reclama mantener la calificación permanente de las VPO de iniciativa pública y recuperar las de la privada, además de ajustar los requisitos económicos y el precio del módulo de VPO para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible. Finalmente, entre los puntos de acuerdo se defiende la limitación de los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas e instar a realizar la tarea de inspección destinada a verificar el uso de las viviendas de protección pública como residencia habitual.

Como recuerda el grupo Municipal Socialista de Castelló, el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible constituye un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española, por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y desarrollado, en el ámbito autonómico, mediante la Ley autonómica 2/2017, por la función social de la vivienda.

Las Viviendas de Protección Oficial, por ello, no son un privilegio ni una oportunidad de negocio, sino una herramienta al servicio de las personas y familias con mayores dificultades de acceso al mercado libre de la vivienda. Por lo tanto, “las VPO tienen que ser realmente accesibles, económicamente asequibles y adjudicadas con criterios estrictos de justicia social, transparencia e igualdad de oportunidades”.

Lamentablemente, los graves hechos ocurridos recientemente en relación con la adjudicación de viviendas de protección pública en la ciudad de Alicante han puesto en evidencia una rotura alarmante de estos principios. “Un escándalo que no puede ser considerado un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un cambio de modelo en la política de vivienda impulsada por el Consejo del Partido Popular, que ha debilitado los mecanismos de control, ha relajado los requisitos de acceso y ha desvirtuado la función social de las VPO”, afirma la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta.

En este sentido, se considera preocupante el decreto aprobado por el Consell en diciembre de 2024, “que supone un retroceso evidente respecto del marco normativo anterior”. Este decreto flexibiliza las condiciones de acceso a las VPO, rebaja las exigencias de control y abre la puerta a usos que se alejan del carácter social que tendría que presidir cualquier política pública de vivienda. “Lejos de proteger las personas que más lo necesitan, este nuevo enfoque facilita que las viviendas protegidas dejen de cumplir su finalidad social”.

Por el contrario, los decretos aprobados en 2021 y 2023 reforzaban el cumplimiento estricto de la Ley por la función social de la vivienda, establecían criterios más rigurosos de adjudicación, garantizaban la trazabilidad de los expedientes y hacían hincapié en la accesibilidad económica y en el destino efectivo de las VPO a quienes realmente las necesita. “Aquel modelo entendía la vivienda como un derecho y no como una mercancía”, asevera Patricia Puerta.

El escándalo de las VPO de Alicante, según Puerta, “evidencia las consecuencias de abandonar ese modelo: pérdida de confianza ciudadana, sospecha de favoritismos, deterioro de la credibilidad institucional y vulneración del derecho a una vivienda digna. Cuando las viviendas protegidas dejan de ser asequibles, cuando no se garantiza que llegan a las rentas medias y bajas, y cuando se relajan los controles, se rompe el principio básico de la función social de la vivienda”, subraya la portavoz socialista.