El PSPV exige a Begoña Carrasco que “actúe con contundencia” y paralice el plan contra la inmigración ilegal de Vox

● Monica Barabas critica que, con su pasividad, la alcaldesa no solo acepta sino que defiende los discursos racistas de su equipo de gobierno

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Monica Barabas, ha exigido a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que “actúe con contundencia y paralice el plan contra la inmigración ilegal que pretende llevar a cabo el concejal  de Seguridad de Vox, Antonio Ortolá”.  Barabas, que ha intervenido en el pleno municipal de julio, ha criticado la pasividad y el silencio de Carrasco, ya que “con su actitud no solo está aceptando, sino también defendiendo, los discursos racistas de sus socios de gobierno”.

La concejala ha calificado de “barbaridad” el plan de la ultraderecha, y ha lamentado que no es la única ocasión en la que Vox impone su marco ideológico al PP, ya que la firma de la alcaldesa aparece junto a la de Ortolá en su acuerdo de gobierno, en el que se recoge el “establecimiento de medidas reguladoras del empadronamiento y de la inmigración irregular, tendentes a lograr la certeza y veracidad de los empadronamientos, de forma que sean reales y no ficticios”

En este sentido, Monica Barabas, ha afeado al equipo de gobierno que, después de un año,  sigan sin saber que el empadronamiento es un derecho y un deber ciudadano, y el empadronamiento ilegal no tiene nada que ver con la situación de irregularidad de los inmigrantes. “Entenderíamos que anunciaran inspecciones a todo el mundo en temas de empadronamiento, pero les advertimos desde ya que establecer un control de empadronamiento solo dirigido a los inmigrantes sería inconstitucional” ha asegurado la concejala, quien ha explicado que el empadronamiento es un derecho de cualquier persona que vive en una población y el ayuntamiento debe controlar a todas las personas empadronadas, pero sólo para confirmar sí residen o no, ya que, en cualquier caso, de detectarse alguna anomalía no sería un hecho delictivo, sería una irregularidad administrativa, “como las supuestas multas de su compañero de filas, Cristian Ramírez”.

La representante socialista también ha recordado a PP-Vox que la Policía Local no tiene competencia alguna en materia de inmigración, ya que es competencia de la Policía Nacional, y tampoco tiene competencia para abrir ningún canal de denuncia anónima ni mucho menos pueden inspeccionar domicilios particulares sin una orden judicial. En lo referente a las insinuaciones de Ortolá sobre posibles fraudes electorales, la edil ha afirmado que “es otra aberración más, porque quienes están en situación irregular no pueden votar. Parece mentira que el concejal de Seguridad, siendo abogado como es, tenga un desconocimiento tan grande del sistema o, lo que es peor aún, que sea conocedor y mienta para engañar a la ciudadanía”. Igual que sus declaraciones sobre las prestaciones sociales que reciben estas personas, ya que “los inmigrantes en situación de irregularidad no tienen derecho a prestaciones de ningún tipo mientras no tengan su situación regularizada”.

Ante la gravedad de la situación, desde el grupo socialista se ha pedido a Carrasco que “por el bien de la ciudadanía, actué con contundencia, rompa de inmediato con sus socios de extrema derecha y expulse a Vox del gobierno municipal, de lo contrario va a ser la responsable de sembrar la xenofobia en Castelló y romper la convivencia ciudadana”.