El PSPV de Castelló denuncia ante Fiscalía el presunto impago de 134 multas en zona azul de Cristian Ramírez por un posible fraude y tráfico de influencias

● El escrito registrado ante el fiscal recoge la petición de que “se ejerciten las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas”, aportando para ello toda la documentación de la que dispone en Grupo Municipal Socialista, que incluye la presunta existencia de 134 multas sin abonar

● El grupo Municipal Socialista vota en contra del cambio provisional del topónimo de la ciudad a la versión bilingüe y defiende que la existencia del nombre de la ciudad en valenciano, Castelló, era una reparación histórica”

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado hoy ante la Fiscalía Provincial un escrito para que se investigue un posible fraude o tráfico de influencias, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen, ante el presunto impago de 134 multas de enero de 2023 a enero de 2024 en zona azul por parte del concejal de Movilidad del consistorio municipal, Cristian Ramírez (PP).

En el debate del pleno ordinario de hoy, en el que el equipo de gobierno de PP y Vox han vetado la creación de una comisión de investigación sobre las sanciones no abonadas por Cristian Ramírez, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha anunciado que esta misma mañana se ha registrado ante la Fiscalía la denuncia,”porque todo lo que hay detrás de esta historia huele muy mal, y por mucho que la alcaldesa, Begoña Carrasco, quiera taparlo, la ciudadanía merece saber todo lo que se oculta”.

En la denuncia, donde se pide también que se ejerciten las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas, se ha aportado toda la documentación de la que dispone en Grupo Municipal Socialista, que incluye la presunta existencia de 134 multas al concejal de Movilidad, el señor Cristian Ramírez, “de las que nada se sabe”. 134 presuntas sanciones que, “según la información de la que disponemos, existieron, pero que parecen haberse volatilizado”, ha señalado Puerta, quien ha señalado que “es la falta de transparencia del Partido Popular la que nos obliga a pedirle a la Fiscalía que actúe y analice responsabilidades pues estamos ante posibles delitos que deben quedar aclarados”.

La portavoz socialista, en esta línea, ha explicado que la alcaldesa, desde que el PSPV denunció estos hechos en el pleno de enero, “ha querido pasar página al mayor escándalo de los últimos años, escándalo ya indefendible solo con el hecho de el señor Ramírez haya reconocido 29 multas sin pagar y que siga sin dimitir o sin ser cesado de su cargo por la alcaldesa”.

La denuncia planteada ante la Fiscalía Provincial de Castelló recoge que las sanciones impuestas a Cristian Ramírez, según la aplicación de la zona ORA entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2024, fueron 167, de las que, habría pagado 33. Por tanto, quedarían, cuanto menos, 134 multas sin abonar del periodo indicado (año 2023 hasta el 31 de enero de 2024), de las que, por parte del Grupo Municipal Socialista, se solicitó información en distintas ocasiones y por distintas vías al equipo de gobierno y al propio concejal afectado, sin obtener información clara al respecto.

Tras esta denuncia en el citado pleno del 31 de enero, y una vez acabada la sesión plenaria sin respuesta alguna, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, emitió un comunicado en el que se limitó a decir que Cristian Ramírez reconocía oficialmente 29 multas sin pagar, que abonó esa misma tarde del 31 de enero por valor de más de 2.000 euros. Serían sanciones acumuladas en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, de las que al menos 9 correspondían ya a su periodo como concejal.

Por otro lado, para insistir en que al concejal de Movilidad no le quedaba pendiente sanción alguna, han aportado un informe elaborado por el responsable del departamento de sanciones de la Zona Azul de Castelló, sobre las multas impuestas al vehículo del concejal Cristian Ramírez”que nos ha generado más intranquilidad si cabe. Un informe que “en ningún momento niega que Cristian Ramírez tenga presuntamente 134 multas sin pagar por aparcar de manera irregular en la ORA”.

El citado informe, como recalca la portavoz socialista, “solo dice una cosa: que el procedimiento ordinario de las multas que no han sido anuladas por el usuario en periodo reglamentario contempla que las denuncia son remitidas a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Castelló”.

Por lo tanto, “queda claro que todas las sanciones por infracciones en zona azul se envían a Recaudación, y en el informe no se niega en ningún momento que Cristian Ramírez pueda acumular presuntamente 134 multas sin pagar desde enero de 2023 a enero de 2024, por lo que el señor Ramírez y la señora alcaldesa aún tienen mucho que explicar”.

Topónimo
Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de la aprobación provisional del cambio de denominación del municipio en la forma bilingüe con la introducción de la forma castellana. José Segura, concejal socialista que ha intervenido en el debate, no ha dudado en acusar a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de “prometer en campaña electoral lo que saben perfectamente que no podrán cumplir y conscientes de que están cometiendo un error histórico que esperamos quede en nada”.

Segura a nombrado Germá Colón Domènech, hijo predilecto de la ciudad. Antonio Gascó, cronista de la ciudad; Vicent Pitarch, miembro del Instituto de Estudios Catalanes y uno de los principales estudiosos de las Normas de Castelló de 1932, o Vicente García Edo, especialista en derecho foral y profesor de la Universitat Jaume I. Todos ellos “subscribieron un manifiesto, en abril de 2017, que dejó claras diversas cuestiones: que el hecho de cambiar Castellón por Castelló de la Plana representaba una reparación histórica, y la recuperación del nombre únicamente en valenciano, tanto por razones históricas como filológicas, de dignidad y estéticas, era un paso más que necesario”.

También desde el Negociado de Normalización Lingüística del Ayuntamiento se elaboró un informe contundente: “la denominación Castelló de la Plana cuenta con una tradición en el uso culto valenciano de más de 500 años y es recogida en la mayor parte de nomenclators, enciclopedias y en todo tipo de publicaciones en nuestra lengua y es la forma propuesta por destacados lingüistas, geógrafos y escritores de ideologías diversas y por instituciones como el Instituto de Filologia Valenciana. Y es por todo esto que se considera que la forma valenciana más adecuada del nombre de este municipio es Castelló de la Plana”.

Sobre el informe a la carta encargado por PP y Vox a un catedrático emérito de Literatura Española y licenciado y doctor en Filología Románica-Hispánica, Santiago Fortuño, “nos merece todos los respetos a pesar de que consideramos que no cumple con el perfil adecuado para esta clase de informes”.

El informe de Fortuño “recoge numerosos errores filológicos en cuanto al conocimiento de lenguas románicas. Y se olvida el informante de que la sociedad castellonense ha sido monolingüe hasta muy entrado el siglo XX. Es decir, su lengua habitual es el valenciano y por eso, durante más de 600 años ha tenido el nombre Castelló». Para Segura, PP y Vox “no solo quieren cometer un error histórico con el nombre oficial de nuestro Castelló, también quieren liquidar y arrasar con todo lo que huela a lengua valenciana”.