El PSPV de Castelló reclama recuperar las medidas de prevención de la ludopatía eliminadas por PP y Vox en la ley reguladora del juego

• Simó lamenta que las derechas estén del lado de la patronal del juego en lugar de defender la salud, el bienestar y la economía de las familias

En el marco del Día Mundial sin Juegos de Azar que se conmemora hoy, la Comisión Ejecutiva Municipal del PSPV-PSOE de Castelló ha aprobado por unanimidad una resolución para exigir que se restablezcan las medidas de prevención de la ludopatía estipuladas en la Ley 1/2020 de la Generalitat que regula el juego y que fueron eliminadas en la actual legislatura por PP y Vox.

En concreto, los y las socialistas de Castelló reclaman recuperar el perímetro saludable, es decir, la prohibición de ubicar casas de apuestas a menos de de 850 metros de centros educativos; recuperar la distancia mínima de 500 metros entre locales de juego; reimplantar la prohibición de instalar locales en zonas vulnerables; y hacer cumplir los mecanismos de control para el acceso a máquinas recreativas instaladas en locales de hostelería o similares.

El secretario general del PSPV local, Rafa Simó, censura que PP y Vox en Les Corts eliminaran las restricciones “por la puerta de atrás”, a través de una enmienda a la ley de acompañamiento. “Defienden los mismos argumentos que la patronal del juego, velan por los intereses económicos particulares del lobby poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los niños y jóvenes y de las personas más vulnerables”, señala el también portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, quien subraya que “con el desmantelamiento de la ley del Botànic, PP y Vox están permitiendo que las casas de apuestas campen a sus anchas y puedan instalarse cerca de colegios e institutos y en barrios vulnerables”.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales y Tercer Sector, Carolina de Mingo, recuerda que en 2020 la Generalitat aprobó “una ley pionera en un contexto de proliferación de casas de apuestas, escuchó a la ciudadanía y trabajó en colaboración con las entidades especializadas en el tratamiento de adicciones para implantar medidas de regulación del juego y prevención de la ludopatía”. “Era una ley que se preocupaba del bienestar y la salud porque minimizaba los riesgos del juego, y a la vez protegía la economía de las familias, especialmente de las vulnerables, que se ve afectada por este tipo de adicciones”, señala de Mingo.

“La ciudadanía tiene que saber que las derechas han puesto por delante los beneficios privados de unos pocos frente a la salud y la economía de las familias”, ha lamentado Simó, quien advierte de que “esta modificación de la ley supone un retroceso en la regulación y en la protección de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad”.