Begoña Carrasco incumple el Código de Buen Gobierno al que está adscrito el ayuntamiento al mantener como edil a Cristian Ramírez pese al escándalo de las multas sin pagar

■ La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, señala que, independientemente de conocer qué ha pasado con las 134 multas que presuntamente no ha pagado en un año, “solo con las 29 que ya ha reconocido públicamente sería motivo más que suficiente para su dimisión o para el cese fulminante por parte de la alcaldesa de Castelló

El Grupo Municipal Socialista ha exigido a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que cumpla con sus obligaciones y cese de inmediato al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, que sigue sin aclarar qué ha pasado con las 134 multas que, presuntamente, no ha pagado por aparcar de forma irregular en la zona azul de Castelló.

Patricia Puerta, portavoz socialista, le recuerda a Carrasco además que el Ayuntamiento de Castelló está adscrito al Código de Buen Gobierno de a Federación Española de Municipios y Provincias, un documento que, entre otras cuestiones, incide en los compromisos éticos de los representantes públicos, “y todos los y las castellonenses ya hemos podido contemplar durante estas semanas que la ética y la moral son inexistentes ante el desprecio de Cristian Ramírez por el comportamiento ejemplar que se le requiere a un representante público”.

Patricia Puerta señala que, independientemente de conocer qué ha pasado con las 134 multas que presuntamente no ha pagado en un año, “solo con las 29 que ya ha reconocido públicamente son un claro ejemplo de incumplimiento del Código de Bueno Gobierno de la FEMP y motivo más que suficiente para su dimisión o para el cese fulminante por parte de la alcaldesa de Castelló, que sigue siendo su cómplice absoluta al mantenerlo en el cargo”.

El Código de Buen Gobierno, al que se adhirió el ayuntamiento en sesión plenaria de diciembre de 2019, tiene como objetivo, entre otros aspectos, la “integración de la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades locales”, además de “reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas”.

Otro de los puntos es la obligación de “respetar las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses, los deberes de honestidad o buena fe”, entre otros aspectos. También se remarca que los concejales y concejalas “ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados, evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las administraciones, no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad”.

Cristian Ramírez “nos engañó a todos hasta el 31 de enero, día del pleno en el que denunciamos desde el PSPV que, presuntamente, acumulaba 167 multas en zona azul durante el último año, y digo que nos engañó, él y su portavoz, Vicent Sales, porque por la mañana lo negaron todo y por la tarde ya reconoció que tenía 29 multas sin pagar, algunas desde 2019”.

Para la portavoz socialista, “solo con este escandaloso hecho, que jamás se hubiese sabido si no lo denuncia nuestro grupo político, es más que suficiente para que el señor Ramírez dejase su acta como edil, pero tenemos a un concejal de Movilidad que desprecia las normas y tenemos a una alcaldesa que le protege por intereses ocultos que algún día quizás conozcamos todos y todas”.

Certificados
De forma paralela, desde el PSPV ya se ha pedido copia de los certificados que exhibió en el pleno del pasado 9 de febrero su concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, “certificados que, según el edil, explican que está libre de cargas, tanto con la empresa que regula el aparcamiento en zona azul como con el servicio de recaudación del ayuntamiento, tras a abonar unos 2.000 euros por 29 multas de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”.

Patricia Puerta insiste en que “para todos los y las castellonenses es “prioritario” averiguar “qué ha pasado con las 134 multas por aparcar mal en zona azul que, presuntamente, no ha pagado Ramírez, muchas de ellas ya como concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló”. Por eso, “el primer paso es tener copia de los certificados que mostró desde el atril el señor Ramírez, algo que de momento no ha hecho”.

Además, desde el PSPV se ha trasladado una pregunta, en el seno de la Comisión de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano celebrada el lunes, “para que nos expliquen el plazo habitual de respuesta y las tasas que debe pagar cualquier ciudadano o ciudadana para poder disponer de estos certificados”.

Cada día que pasa con Cristian Ramírez como concejal de Movilidad “es reírse de los y las castellonenses, y si ya es lamentable que el edil no tenga un mínimo de responsabilidad y dimita por vergüenza, más inaceptable es que la alcaldesa y mentora de Ramírez, la señora Carrasco, no le haya cesado de manera fulminante”.