El PSPV inicia acciones judiciales contra el ‘Basurazo de Carrasco’ en defensa de las familias de Castelló y por posible vulneración de la legalidad

• El partido alega el incumplimiento del principio de ‘quien contamina paga’ y la falta de equidad y progresividad en una tasa que ha duplicado el recibo de hogares y comercios

El PSPV-PSOE de Castelló ha iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos impulsada por el gobierno municipal de Begoña Carrasco. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el secretario general del PSPV en la ciudad, Rafa Simó, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, quienes han recordado que “ya empieza a haber sentencias que están tumbando ordenanzas similares en otros municipios de España”.

Simó ha explicado que esta acción judicial se hace necesaria “ante la imposibilidad de corregir, mediante el debate político y la transparencia, una medida que consideramos abusiva, injusta y legalmente cuestionable”. “El Basurazo de Carrasco no solo es una agresión al bolsillo de las familias, sino también una medida de dudosa legalidad”, ha afirmado Simó.

El secretario general, en cualquier caso, ha subrayado que “Begoña Carrasco aún tiene la oportunidad de enmendar su error, porque seguimos abriendo la puerta del diálogo para, entre todos y todas, cumplir lo que dice la Ley y acabar con la arbitrariedad de una ordenanza fiscal que es injusta con las familias de Castelló”.

El recurso se fundamenta, entre otras, en dos posibles vulneraciones esenciales de la legalidad vigente. Por un lado, la vulneración del principio de “quien contamina paga”: el PSPV alega en su recurso que la ordenanza municipal quebranta el artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Así, el cálculo de la cuota “no se corresponde con el volumen real de los residuos” generados por los ciudadanos. Al aplicar cuotas que son fijas o se basan en parámetros (como la superficie de la vivienda) que “no guardan relación con la efectiva producción de basura”, se desvirtúa por completo este principio fundamental de la normativa.

Por otro lado, el PSPV alega ausencia de progresividad y equidad. El recurso sostiene que la tasa contradice el artículo 31.1 de la Constitución Española y los requisitos de la Directiva UE 2018/851. La ordenanza no tiene en cuenta la capacidad económica real de las personas (diferenciando, por ejemplo, entre arrendatarios y propietarios) ni situaciones de vulnerabilidad más allá de las bonificaciones ya existentes. Además, la Directiva exige que los costes recaigan sobre el productor real de los residuos, pero la ordenanza de Carrasco aplica tarifas fijas sin medir el consumo real, lo que origina una “manifiesta arbitrariedad”, tal y como destaca Rafa Simó.

Por su parte, Patricia Puerta ha recalcado que desde el Grupo Municipal Socialista se han dado todos los pasos necesarios a nivel político para parar este abuso: “hemos hecho nuestra labor municipal rechazando el basurazo y proponiendo al gobierno municipal alternativas para una aplicación más justa y progresiva, hemos escuchado a los vecinos y vecinas, y hemos informado a la ciudadanía en la calle y en las redes. Y frente a ello, “el desprecio de la alcaldesa”.

Por eso, “nos vemos en la obligación de dar un paso firme en el ámbito judicial, porque no solo buscamos la anulación de una tasa injusta, sino impedir que se vuelva a cargar sobre las espaldas de los castellonenses el coste de una pésima gestión municipal”. En cualquier caso, “hoy le damos una nueva oportunidad a Begoña Carrasco para hacer las cosas bien y dialogar, para escucharnos, porque si hemos decidido acudir a los tribunales es por defender los intereses de los vecinos y vecinas de Castelló, algo que ella no ha hecho”.

Campaña informativa

Como ha recordado Rafa Simó, desde el PSPV de Castelló se inició el pasado mes de noviembre una campaña informativa sobre la subida desproporcionada de la tasa de basura. “Ante la carta de desinformación y postureo de la alcaldesa, nosotros respondimos con claridad y transparencia” poniendo en marcha la página web elbasurazodecarrasco.com, ha destacado Simó.

Esta plataforma, que sigue activa, se creó para “dar a la ciudadanía lo que el gobierno municipal les niega: datos claros, explicaciones honestas y herramientas útiles para defender sus derechos”. En ella, los vecinos y vecinas pueden encontrar una gráfica comparativa que muestra cómo el recibo de una vivienda media pasó de 101,31 euros en 2024 a 202,62 euros en 2025, desmontar las explicaciones del equipo de gobierno, acceder a modelos de reclamación y conocer los detalles de la “opacidad” en la gestión de los más de 7 millones de euros de recaudación extra.