Patricia Puerta: “Mantener al concejal de las multas de Castelló tras la reapertura judicial es un insulto a la ciudadanía”

• La portavoz del Grupo Municipal Socialista exige a la alcaldesa de Castelló que respete el auto de la Audiencia porque “las explicaciones políticas en un pleno nunca pueden sustituir una investigación judicial”

• La Audiencia Provincial ordena investigar el centenar de multas de Cristian Ramírez por aparcar mal en zona azul que acabaron por prescribir, califica de “sorprendente” la prescripción y considera necesario determinar si pudo existir un posible delito de tráfico de influencias u otras actuaciones ilícitas de relevancia penal

La portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Patricia Puerta, ha calificado de “un insulto a la ciudadanía” que la alcaldesa, Begoña Carrasco, mantenga en el cargo al concejal de Movilidad tras el contundente auto de la Audiencia Provincial que ha ordenado reabrir la investigación sobre las 134 multas de zona azul presuntamente sin pagar por el edil del PP Cristian Ramírez.

Para Puerta, “que la señora alcaldesa siga manteniendo en el cargo al edil campeón de multas es un insulto a la ciudadanía que sí cumple cada día con la legalidad”. Al respecto, ha señalado que “escuchar ayer a Carrasco decir que es una denuncia interesada de la oposición es vergonzoso, porque no es el Partido Socialista el que ha reabierto la investigación, sino la propia Audiencia Provincial, de ahí que lo mínimo que debería hacer la alcaldesa es respetar a la Justicia”.

La portavoz socialista subraya que “está fuera” de lugar que Begoña Carrasco diga que Ramírez “ya dio todas las explicaciones en el pleno porque, si dar explicaciones para ella es decir que sus infracciones son similares a tirar un cigarrillo al suelo, es inaceptable”. Además, insiste Puerta en que “las explicaciones políticas no pueden sustituir a la Justicia”.

Patricia Puerta ha recalcado que “hoy no hablamos de una denuncia política, sino de una decisión judicial, porque la Audiencia dice claramente que la prescripción de más de 130 multas pudo deberse a un posible delito de tráfico de influencias, de ahí que obligue a investigar”. Esta realidad “nos deja un panorama claro: que Castelló tiene a un concejal del gobierno de Begoña Carrasco bajo investigación judicial”. Y la pregunta, como subraya Puerta, es clara: “¿Va a estar la alcaldesa del lado de la ejemplaridad o va a seguir mirando hacia otro lado?”

La Audiencia Provincial, como ayer anunció el Grupo Municipal Socialista, ha admitido el recurso del PSPV tras el sobreseimiento del caso y considera necesario practicar nuevas diligencias para determinar si la prescripción de más de un centenar de sanciones pudo ser por un posible delito de tráfico de influencias u otra actuación con relevancia penal, teniendo en cuenta además la condición del denunciado como responsable del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA.

Cristian Ramírez, concejal en el gobierno de Begoña Carrasco, responsable precisamente del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA, acumuló presuntamente, según los datos que aportó en su día el PSPV en su denuncia, un total de 167 multas por aparcar de forma irregular en la zona azul desde enero de 2023 a enero de 2024. De esas 167 multas, pagó la sanción en tiempo y forma en las máquinas de la zona azul 33, por lo que quedaron 134 presuntamente sin abonar.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en un informe remitido al juzgado que decidió sobreseer el caso, “dio a conocer el llamativo hecho de que gran parte de estas sanciones no se abonaron porque “prescribieron”. Es decir, “que a cualquier vecino y vecina de Castelló le embargan sus nóminas si no pagan una multa, pero al señor Ramírez, de forma mágica, no le embargaron ni le notificaron nada”, señala Puerta.

Sorprendente prescripción de multas

Y es precisamente este hecho, la prescripción de tantas multas, y el hecho de que la persona que ha podido ser beneficiada sea el concejal de Movilidad, “la que ha generado la sospecha de la Audiencia Provincial, quien ha ordenado que se practiquen nuevas diligencias para determinar si ha habido posibles delitos penales”.

Cristian Ramírez, en la actualidad, “ya no es solo un concejal con explicaciones pendientes, sino un concejal bajo investigación judicial por hechos relacionados directamente con su cargo, y si Begoña Carrasco no actúa destituyéndole, será ella quien asuma la responsabilidad política de mantener en el gobierno a un concejal bajo investigación judicial”.